Instituciones educativas demolidas sin estudios técnicos previos, niños reubicados en sitios distantes a su lugar de residencia, abandono de obras, malestar entre padres y madres de familia, gastos adicionales en transporte y falta de una verdadera información a la opinión son, entre otros, los factores y realidades que hoy salen a la luz pública gracias a las denuncias realizadas recientemente en importantes medios de comunicación. En estas denuncias se pone el dedo en la llaga para exigir un diagnóstico de una realidad que ya es inocultable y que debe ser expuesta franca y abiertamente por los medios periodísticos, por las diferentes administraciones municipales y departamentales lo mismo que por funcionarios del orden nacional.
El verdadero fiasco de Aulas para la Paz, un programa de la administración Santos y liderado por la entonces ministra de educación Gina Parody, es tan evidente que muchos gobernadores y alcaldes de varios municipios han alzado su voz de protesta por los atropellos y anomalías en el desarrollo de este “plan bandera” por cuanto afecta el bienestar y la educación de miles de estudiantes en el territorio colombiano. Justamente en el diario capitalino El Tiempo y en una investigación realizada por la periodista Milena Sarralde Duque -Redacción Justicia- se advierte que “En un documento de siete páginas, la Secretaría de Educación de Villavicencio le informó a la Contraloría General que, aunque hace más de un año y medio le entregó al Ministerio de Educación 7.200 millones de pesos para construir dos colegios y mejorar una escuela en la ciudad, ese proyecto nunca culminó”. En el mismo informe periodístico, producto de una investigación seria y sesuda se deja en claro que “Al menos 30 denuncias de alcaldes, secretarios de educación, concejales, congresistas, veedores, y hasta padres de familia, prendieron las alarmas en el órgano de control fiscal, por lo que en enero el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, declaró el asunto como “de impacto nacional”. Como se puede colegir el asunto en mención es serio y amerita una investigación más profunda por cuanto se encuentra en juego un factor tan decisivo y prioritario como lo es la educación para cientos de infantes, niños y adolescentes de Colombia entera.
La Contraloría General encuentra hallazgos que evidencian irregularidades en el desarrollo de estos proyectos educativos y prende una voz de alerta, que han sido escuchados en algunos departamentos y en muchos municipios, pero que también deja en evidencia la negligencia administrativa de otras regiones de Colombia: “Pero en enero de este año, tras recibir las denuncias e iniciar una indagación preliminar, la Contraloría detectó que es poco lo que se ha cumplido de ese plan.
De las 30.000 aulas nuevas que debían estar listas en diciembre del año pasado, solo han construido 1.407 y apenas han entregado 230, es decir un 0,7 por ciento de lo proyectado, según las últimas cifras reportadas por el Ministerio de Educación. Esas aulas corresponden apenas a 79 colegios de los 543 contratados por el FFIE. Y de los 79 colegios terminados, solo se han entregado 14, lo que demuestra que la meta está lejos de cumplirse”.
Realmente muy lejos de cumplirse, o tan solo de iniciarse. Y mientras tanto los niños deben afrontar la desidia administrativa de muchos funcionarios y gobernantes que en su afán de demostrar buenos resultados maquillan la verdadera y real crisis del sector educativo en sus municipios. Estamos ad-portas de culminar un nuevo año escolar y de iniciar uno más; pero las obras no avanzan, se encuentran estancadas, abandonadas y, en muchos casos, a la merced de la resolución de un litigio entre el Estado colombiano y las empresas constructoras. Procesos que todos sabemos largos y sinuosos.
La Contraloría General es enfática al señalar serios indicios de corrupción en el desarrollo de las obras, sobrecostos y fallas estructurales que ponen en riesgo la vida de los niños: “Aunque por ahora la investigación está en etapa de recolección de pruebas, las quejas que ha recibido el órgano de control fiscal le permitieron verificar que por lo menos en 43 proyectos hay sobrecostos en el valor promedio de cada aula. Incluso, en algunos casos el costo por aula supera siete veces lo proyectado en el documento Conpes del 2015 en el que se estableció que cada salón costaría en promedio 146 millones de pesos. Es el caso del colegio Pompilio Martínez, de Cajicá (Cundinamarca), en el que cada aula terminó costando 1.039 millones; o el de la Institución Técnica de Acción Comunal, en Fusagasugá, con un costo promedio por salón de clases de 620 millones. Lo mismo ocurre con la escuela Nuestra Señora del Rosario de Pitalito, en Palonuevo (Atlántico), con aulas de 557 millones, y con el colegio San Joaquín, en la Mesa (Cundinamarca), con un costo promedio de 417 millones de pesos por aula”. Graves y delicados cuestionamientos que obliga a una intervención de las contralorías regionales y locales que permitan conocer la veracidad de los hechos.
En medio de este panorama sombrío se inicia una batalla entre el Estado Colombiano y la multinacional MOTA-ENGIL “por la construcción de más de treinta mil aulas para los niños más pobres del país y que no se cumplió”. Este rifirrafe deja en vilo el adelanto y culminación de los proyectos sometiendo a los niños y a los padres de familia a una interminable espera de la cual no se sabe cuándo culminará. La ministra de educación “asegura que está lista para pelear ante el tribunal de arbitramento”, mientras la constructora anuncia incumplimientos por parte del actual gobierno nacional.
¿Quién responde por el atraso en las obras? ¿Existen pólizas que garanticen la recuperación de dineros? ¿Cuántos recursos han girado los municipios y departamentos hasta el momento? ¿Cuál es el porcentaje de avance de las obras? ¿Hasta cuándo los infantes, niños y adolescentes deberán soportar desplazamientos con sobrecostos? ¿La demolición de muchos centros educativos sin las garantías del caso y sin estudios técnicos previos se configura como un detrimento patrimonial? Seguramente existen más interrogantes, con los formulados quedo satisfecho. Me sostengo en lo expuesto en mi primer informe periodístico, en muchos departamentos colombianos atravesamos una verdadera crisis educativa, los niños son los más afectados y los padres de familia de estratos bajos los más perjudicados. Triste y deplorable que en el informe de la Contraloría General se exprese que “De las 30.000 aulas nuevas que debían estar listas en diciembre del año pasado (2017), solo han construido 1.407 y apenas han entregado 230, es decir un 0,7 por ciento de lo proyectado”.
A la vista de todos está el abandono, los atrasos, las demoliciones, los niños a tempranas horas de la mañana desplazándose a las instituciones educativas asignadas, los informes de la Contraloría General y las investigaciones adelantadas por diferentes medios periodísticos. Decir que no hay crisis es querer ocultar lo inocultable, asumir una actitud irresponsable y negligente y, sobre todo, hacerle juego a la corrupción y a la negligencia. En medio de amedrentamientos, amenazas y juegos sucios, es nuestro deber como periodistas informar sobre la veracidad de los hechos. Son los entes de control y vigilancia como la Contraloría General de la República, la Fiscalía General y la Procuraduría General quienes deben brindarnos las explicaciones del caso y las sanciones impuestas a los culpables de estos actos de corrupción que comprometen el futuro educativo de las nuevas generaciones.
