Lo advertimos desde un principio sin que entidad alguna en Nariño responda al clamor periodístico y ciudadano. A pocos días de declararse un manifiesto estado de emergencia sanitario por la pandemia de coronavirus, los colombianos empezamos a escuchar de irregularidades en la adquisición de kits alimentarios y de ayuda humanitaria y hospitalaria en diversas regiones de Colombia. El Contralor General de la Nación, Carlos Felipe Córdoba advierte que “El organismo de control está solicitando, en especial, la información concerniente a actos de declaratoria de urgencia manifiesta y calamidad pública, así como la totalidad de la contratación y la ejecución de recursos ordinarios o extraordinarios destinados a la emergencia y la fuente de los mismos (Circular 06 de 2020)”. A la vez aclara que “A la fecha es mínimo el reporte que se ha realizado frente a los recursos destinados a atender la emergencia, cuando es necesario para el país que la Contraloría General de la República realice el seguimiento permanente de los mismos, para velar por su correcta utilización y efectividad”.
Dada la declaratoria de emergencia los gobernadores pueden “agilizar” la adquisición de bienes obviándose algunos requisitos establecidos en la ley. Al momento de escribir esta nota periodística (abril 8 de 2020) en la página oficial de la gobernación de Nariño no se encuentran contratos o documentos que nos permitan corroborar el cumplimiento de las normas establecidas en Colombia. Razón por la cual realizamos un vehemente llamado para que se organice y conforme desde ya una veeduría que nos garantice una óptima y correcta utilización de los recursos destinados en Nariño para atender esta emergencia sanitaria.
Pero, debido a las quejas y denuncias que ya empiezan a aparecer en otras regiones del país, considero se hace necesario conocer quién maneja los recursos covid 19 en nuestra región. La periodista Johana Fuentes, de W Radio, hizo conocer al país entero que, en Arauca, su gobernador José Facundo castillo Cisneros, factura latas de atún a $ 19.959 cada una y que otro tanto ocurre en la compra de café, arroz, chocolate y aceite. Un verdadero desangre en un momento en que el país requiere compromiso y seriedad en la ejecución de estos recursos destinados a los más pobres y vulnerables. La periodista advierte en su informe que este gobernador tiene más de 70 investigaciones en Fiscalía, Contraloría y Procuraduría por diferentes hechos. En un pueblo sumido en la miseria como Arauca elegir a los corruptos tiene un sobreprecio que lo paga con sangre y hambre el mismo pueblo, ya lo estamos viendo.
En Nariño, todas las fuerzas vivas, debemos propender por la estricta destinación de estos recursos, que son, como dijimos, para los más pobres o necesitados, y que en estos momentos atraviesan momentos de hambre, desempleo y angustia, además del confinamiento en situaciones lamentables y dolorosas.
El gobernador de Nariño, John Rojas, designa como gerente COVID-19 al exsecretario de hacienda departamental, Mario F. Benavides, que afronta graves y serias investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República, así se informa en nota de Rcn Radio de 19 septiembre de 2019 suscrita por el periodista Mauricio Collazos: “La Fiscalía General acusó formalmente ante la Corte Suprema de Justicia al gobernador de Nariño, Camilo Romero Galeano, tras señalarlo de estar implicado en hechos relacionados con posible corrupción en contratos. Este caso se relaciona con las presuntas inconsistencias detectadas en las condiciones para la comercialización del aguardiente Nariño. De acuerdo con los investigadores, dichas condiciones aparentemente irregulares se fijaron mediante decreto de fecha del 24 de agosto de 2016. Según los investigadores de policía judicial de la Fiscalía, el contrato objeto de investigación por parte de las autoridades comprometió recursos que superaron los 18 mil millones de pesos. Ante la gravedad de los hechos, también fue acusado por estas presuntas irregularidades quien fungió como gobernador para la época de la celebración del contrato, Mario Fernando Benavides. En desarrollo de la audiencia, la Fiscalía acusó a Romero Galeano y Benavides como supuestos autores de la comisión de cinco delitos. Los cargos formulados durante la acusación por parte de la fiscalía fueron: contrato sin requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público y asociación para cometer delito contra la administración pública. Tras esta acusación, ambos líderes políticos deberán responder en juicio para tratar de demostrar su inocencia en los hechos investigados por parte de la Fiscalía General”.
De las dependencias correspondientes de la gobernación de Nariño se pierden 14 mil estampillas de Aguardiente Nariño y se celebra un leonino contrato de distribución de licores que hasta el momento se encuentra engavetado en alguna entidad y que superan los 18 mil millones de pesos. En un diario regional, Diario del Sur, y en fecha agosto 22 de 2017 se denunciaba que este proceso parecía estar destinado a correr la misma suerte muchos procesos que terminan en completa impunidad: “El contralor departamental Enrique Rosero Puerto señaló que las investigaciones relacionadas con la presunta pérdida de estampillas en la Administración seccional siguen su proceso, esperando los resultados de las mismas: “Como segunda instancia tenemos que respetar el debido proceso y la reserva del sumario, por lo tanto la Contraloría Departamental sigue con este proceso para aclarar esta situación que se presentó en la Administración seccional”, señaló. Reiteró que las diligencias ante esta situación fueron efectuadas en su momento por la Fiscalía, para luego continuar con la Procuraduría y finalmente llegaron hasta estas dependencias”. Pimponeo que sigue hasta el momento merced a arbitrios y laudos jurídicos y burocráticos. Una verdadera vergüenza para la justicia regional y quienes la han precedido.
Con lo anterior basta para expresar que los nariñenses nos sentimos indignados por la designación de un funcionario que, como le hemos expuesto, está incurso en investigaciones delicadas y serias por cuanto comprometen recursos que se hurtaron de los bolsillos del pueblo nariñense y que impidieron la realización de obras de carácter urgente como carreteras, infraestructura educativa y hospitalaria. No es nada personal y bien sabemos que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero, en un acto ético y de moralidad, ni el gobernador de Nariño debió designar como Gerente Covid – 19 al exsecretario de hacienda Mario F. Benavides y mucho menos aceptar tal cargo mientras no se resuelva por las entidades correspondientes la investigación que se encuentra en curso y que está vivita y coleando.
Urge la conformación de una veeduría ciudadana para estos recursos en el departamento de Nariño. Espero pronta respuesta de la administración departamental a quien mediante un derecho de petición en su página web solicité la documentación respectiva, con sus debidos soportes. Que no nos pase lo de Arauca o lo de otras regiones del país. Es un deber de los ciudadanos velar por los recursos públicos. Callar en materia tan grave es hacer parte de la cadena de corrupción que tantos muertos ha causado.
