Me permito compartir con mis lectores una denuncia pública realizada por cerca de cien docentes del departamento de Nariño, y que en medio de una pandemia y de una crisis económica generalizada, ven vulnerados sus derechos al no recibir su pago desde el mes de diciembre. Son profesionales con compromisos familiares, con deudas por cancelar, con la angustia de no contar con recurso alguno para solventar las afugias que en estos momentos embargan sus hogares.
“Cordial saludo amigos lectores.
Soy uno de los cien *100* profesionales de apoyo que laboró, en el programa de educación inclusiva en el Departamento de Nariño.
Aclaro que escribo a nombre propio, sin ser vocero de otros o de la entidad contratante, Pero no necesariamente debo dar mi nombre.
Mi último contrato de prestación de servicios fue el número XXXX-XX de 2019. Suscrito entre La Gobernación de Nariño y la Fundación Obra Social del Carmen.
Laboré unos días del mes de diciembre. Hoy en plena angustia económica ocasionada por el covid19 LA OBRA SOCIAL DEL CARMEN, operador del programa, no logran recibir el pago de todo el equipo de profesionales de apoyo *Recuerdo que son 100* quienes trabajamos en el programa de educación inclusiva en el departamento de Nariño. Sobra decir y recordar que la secretaria de educación departamental, el programa de educación inclusiva con calidad en Nariño y la obra social del Carmen asumieron con nosotros un compromiso laboral que no se ha hecho efectivo y que afecta nuestro bienestar y de nuestras familias. No dan una explicación convincente por qué no hay pago de nuestros honorarios.
Muchos de nosotros podemos afirmar, que movidos por la necesidad y la falta de oportunidades laborales que “acepté una contratación muy particular, un contrato por 10 días y otros contratos por treinta días, legal o no, necesitaba y firmé con el ánimo de apoyar procesos a mis estudiantes y surgir como profesional, además porque me identifico con otros padres, sé que hay exclusión, hacia quien no aprende por su condición de discapacidad, lo hacen las instituciones educativas, lo sé, porque tengo a mi hija en condición de discapacidad y las viví”.
El relato de este profesional habla por sí solo: “Los profesionales de apoyo trabajamos con estudiantes con dificultades de aprendizaje, realizamos seguimientos y cumplimos el protocolo para que los estudiantes sean valorados por especialistas en el área de la salud, por lo general Neurólogos, luego son ingresados a SIMAT. Todo este proceso gracias al Decreto 1421 de agosto 2017”.
Y en uso de sus plenos derechos se pregunta, como tantos otros profesionales en su misma situación de desamparo y vulneración de sus derechos: ¿Puede haber un proceso de apoyo a los docentes, cuando el programa de educación Inclusiva trabaja por días, los señores rectores tienen la palabra? ¿Nuestros pagos como empleados debemos esperarlos cada que a quien corresponda nos de nuestro sueldo? ¿El dinero que el Estado entrega, al secretario de educación Departamental, en qué momento lo desembolsan al operador? ¿El Operador debe tener un capital equivalente al valor del contrato para que en caso de inconvenientes puedan pagar a sus trabajadores y así cubrir las demoras?
Preguntas que merecen una pronta y efectiva respuesta, y como el docente lo afirma con sobrada razón: “Esta última pregunta, es una de las cláusulas que los operadores garantizan al hacer un convenio con el Estado, ¿se cumple? Yo digo que no”.
Los maestros formulan un llamado a las autoridades competentes para que investiguen de hecho esta denuncia, que obliguen al cumplimiento de los respectivos pagos y que se indexen sus honorarios dejados de cancelar inexplicablemente hace cuatro meses: “Gracias a quien lee y que sea una razón para apoyar la contratación directa de los profesionales con la gobernación y bajo un seguimiento estricto, que ojalá sea la Procuraduría Nacional quien investigue todo este gran proceso educativo y social que se está viviendo en nuestro departamento de Nariño”.
En igual situación nos escribe otro de los docentes afectados y considero un deber moral hacer conocer a la opinión pública y a las autoridades su denuncia con el fin de que cese este tipo de contrataciones, que son lesivas para los intereses de los empleados y una afrenta para su condición de profesionales de la educación: “Mediante la presente quiero expresar las dificultades que se han presentado frente al pago durante los dos años que he venido realizando mi función de profesional de apoyo en los municipios del departamento de Nariño, que se me han encargado para el apoyo a los docentes en el área de Educación Inclusiva. Durante estos dos años se vienen presentado dificultades para que nos realicen el pago, ya que según sus criterios todos los profesionales deben estar al día, lo cual ha sido difícil ya que ciertos profesionales no solo no entregan a tiempo, sino que pese a estas faltas tan graves en la ejecución de su labor aún continúan laborando y siendo llamados para ocupar estos cargos. De igual manera se ha visto afectado nuestro bolsillo ya que siempre debemos endeudarnos para poder salir en el mes y cumplir con nuestra función. Además se ha dificultado que logremos avanzar a nivel de créditos ya que las contrataciones no son durante el año sino que también se realizan mes a mes, sin tener en cuenta que no presentamos ningún beneficio a nivel económico, además de que nuestro contrato presenta, según la ley, al ser prestadores de servicio, nosotros debemos cumplir con nuestras actividades, pero estos nos indican que debemos cumplir un horario educativo que va desde las 7:30 hasta la 1:30 mostrando que nuestro contrato no debería ser por OPS sino un contrato temporal, fijo o Indefinido ya que las exigencias no corresponden al contrato que firmamos”.
Será la secretaría de educación del departamento de Nariño, la Fundación Obra Social El Carmen y las autoridades competentes quienes brinden la información oportuna a estos docentes. Nos solidarizamos con su petición y con su justa reclamación de sus derechos.
