MOTIVOS PARA LA DESOBEDIENCIA CIVIL Y LA INSURGENCIA.
En Colombia ya no tenemos recuerdo cierto, fecha fija, de cuando se inicio la violencia política. Todos los Colombianos, por activa o por pasiva, hemos nacido y vivido dentro de la contienda sin que nadie nos dé explicaciones y, en el evento de que las den, son tan parciales y amañadas que rozan lo irracional y provocan mas malestar que atisbos de solución. Lo único verdaderamente cierto es que ha existido y existe un grupo minúsculo de ciudadanos que, prevalidos del poder que les han otorgado las urnas, le han sacado suculentos beneficios económicos a la contienda y que gracias al uso abusivo del mandato que les otorgaron sus conciudadanos, para mantenerse al frente del estado, ofrecen sacar al resto de la población de la pobreza en que siempre la han mantenido al vaivén de los ritmos económicos.
Es curioso, por decir lo menos, que con mayor o menor fuerza todos los grupos políticos de centro, de derecho o izquierda, ismos mas ismos menos, se declaren adalides en la defensa de los pobres. También es cierto que dentro de estos grupos políticos algunos tienen un mayor compromiso con la ciudadanía que otros. Alguno de ellos hace un mayor esfuerzo para conseguir que la igualdad de oportunidades, tan pregonada en el Contrato Social, sea una realidad, mientras que otros, con menos conciencia, retuercen la realidad y ponen la pobreza como si ella fuera culpa de los propios pobres, es decir, como si se fuera pobre por pereza al trabajo y no como producto de una explotación laboral injusta. Dicho de otra forma hay quienes creen, de mala fe por cierto, que la pobreza es un problema relacionado con las familias rotas, los problemas de delincuencia, la falta de educación y la cultura de dependencia que las ayudas públicas no hacen sino agravar amén de otras variables que no debemos perder de vista en el análisis de los problemas sociales para darles explicaciones globales y soluciones universales de conformidad con el Contrato Social al cual nos debemos. De otra parte, no debemos perder el punto de vista de la derecha extrema, según el cual, despotricar contra los pobres es una buena política toda vez que con ello se salvan las políticas neoliberales, tan en boga hoy en día, y que solo benefician a los grandes pulpos financieros internacionales en detrimento del resto del tejido económico de una nación, de forma especial, de los pequeños industriales y comerciantes y de manera grave de los emprendedores.
Si somos un poco más exigentes tenemos la obligación de auscultar lo que afirman hoy las principales corrientes sociológicas en relación con la pobreza que azota las sociedades contemporáneas por ser bien diverso a lo que ocurría en los años 60 o 70. Antes los salarios subían de conformidad con la inflación y en relación con la productividad del trabajador y hoy de acuerdo a la productividad que declare la empresa, de buena o de mala fe, por cuanto el estado carece de controles efectivos para conocer los beneficios de los empresarios. Este sistema ha conseguido que la mayor parte, casi un 80%, de la manos de obra haya sufrido una rebaja considerable en sus salarios, llegando en un alto porcentaje hasta el 50%. Esta rebaja en los salarios de los trabajadores, y no el deterioro social, si su consecuencia, es la razón por la que la pobreza es cada día más grave ,con el inconveniente agregado que el país, en general, es cada vez más pobre, los problemas sociales más acusados, la criminalidad en aumento, la violencia social a flor de piel y la brecha entre unos pocos ricos y los pobres cada vez más amplia. Dicho con mayor claridad, más aun si cabe, la pobreza se ha convertido en parte de un problema más general de aumento de la desigualdad salarial, de una economía basada en los principios ideológicos del Neo-liberalismo, según la cual todos los rendimientos del crecimiento económico deben ir a parar a manos de una pequeña elite, mientras el resto de la población, a pesar de su esfuerzo laboral, debe quedarse atrás.
Ahora bien, ¿debe quedarse la ciudadanía inerme ante estos hechos o debe protestar?
Seguramente la posición más conservadora del ámbito social responderá que NO SE DEBE RESPONDER. Y, como de costumbre, argüirán en su favor que El ESTADO es el PROBLEMA y no la SOLUCION. Que el Estado no debe intervenir en la cosa económica dado que la economía, según ellos, es del ámbito privado. Cuando se trata de beneficios, tanto para los bancos como para las grandes empresas y multinacionales, los beneficios son privados, pero cuando se trata de perdidas, como ha ocurrido en esta crisis, las pérdidas se socializan y las pagamos, a través del Estado, todos los ciudadanos con lo que generan sus impuestos para salvar a las grandes empresas de la quiebra que ellas mismas han generado para ampliar sus ganancias a expensas del saqueo de sus propios bienes.
En mi opinión los ciudadanos, tanto de conformidad con el Contrato Social como con nosotros mismos, tenemos derecho a la protesta , a exigir en ella, que se cumpla la ley. No es posible que el 1% de la población mundial viva, cómodamente, a expensas del resto a quienes nos tratan como esclavos.
Todo esto ocurre porque el grueso de la población ha olvidado cuales son las normas de convivencia que nos hemos impuesto, ni cuales las razones que nos llevaron a aceptar dicha imposición. Cuando un conglomerado social decide vivir en paz se da, para que se cumplan, una serie de normas sin las cuales devendría imposible una mínima convivencia, lo que conocemos como “Contrato Social”. Ni que decir que no es necesario citar aquí a los grandes tratadistas de la teoría del Estado como Juan Jacobo Rousseau. Jhon Looke o Hobbes. No hace falta, lo fundamental es saber a que hemos renunciado voluntariamente y a cambio de que. En Colombia, el desconocimiento de estos supuestos nos ha arrojado nuevamente a la barbarie sin que ningún “líder político”, ni social, ni religioso haya tratado de enmendar el rumbo.
Entregar parte de la libertad individual, abjurar de la ley del más fuerte, abstenerse de la acumulación indiscriminada de bienes abusando del poder, evitar o controlar los monopolios y los oligopolios, dotarse de leyes que pongan limite al enriquecimiento ilícito de unos pocos para evitar el empobrecimiento de las mayorías y la profunda brecha que abre las desigualdades sociales, asegurar que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son los garantes del orden público, garantizar la salud y la educación, desprenderse de parte de las ganancias legitimas y entregarlas, en forma de impuestos, al Estado como fundamento de la redistribución del ingreso, respetar a las minorías y a los más desafortunados, acatar la justicia y renunciar a la venganza dejando a los jueces y solo a ellos la administración de la justicia, castigar con severidad a quienes hagan uso fraudulento del erario público son , a vuelo de pájaro, los fundamentos del Contrato Social que en las democracias, el gobierno de turno, represente la ideología que represente, sea del color que sea, ha de hacer cumplir para beneficio de todos los asociados.
Después de este sucinto análisis tenemos que convenir que en Colombia los últimos gobernantes han hecho añicos el Contrato Social. Los ciudadanos no reciben nada a cambio de lo que se han obligado y por el contrario se les trata como disminuidos mentales y crece abiertamente y sin control el crimen organizado. Ante esta situación llega un momento en que no queda razón alguna para que los ciudadanos cumplan la parte del pacto del Contrato Social al que voluntariamente nos hemos adherido. Si el Estado deja de cumplir las funciones para el cual fue creado, cumplimiento total del Contrato Social sin menoscabos y exclusiones, ¿Por qué hemos de pagar Presidentes, Ministros, Cuerpos Colegiados y de ahí para bajo? ¿Por qué hemos de pagar impuestos a quien ha incumplido su parte del trato y no me proporciona, a cambio de ellos, educación, sanidad, cultura, justicia, obras públicas, etc, etc, que son el motivo por los que se los he entregado? Creo, con dolor, por lo que para mí y para los ciudadanos de bien representa nuestro país que hemos llegado al extremo en que LA DESOBEDIENCIA CIVIL , otro concepto clásico que las nuevas generaciones desconocen, está plenamente justificada. Si los últimos Gobiernos han roto el Contrato Social los ciudadanos no tenemos ninguna obligación de seguir cumpliéndolo. Lo curioso es que estos gobernantes luego se preguntan sorprendidos: ¿Por qué hay insurgencia? ¿A qué tanta criminalidad?
Carlos Herrera Rozo
